Por Corresponsales El Observatodo
Con el objeto de crear una ley General de Informática, que permita regular y sancionar adecuadamente los delitos que violen la privacidad de las personas o consumidores, el senador Jorge Pizarro, integrante de la Comisión de Economía del Senado, señaló que "es preciso" iniciar una gran reforma que permita enfrentar situaciones tan graves como filtración de bases de datos personales de seis millones de chilenos.
"Debemos tener un ente fiscalizador que establezca las responsabilidades cuando se mal utilicen las bases de datos o se vulnere el derecho a la privacidad, ya sea en el Estado y la empresa privada" afirmó. En esa línea, el senador Jorge Pizarro, explicó que hoy existen dos leyes que abordan esta materia, la 19.628, que tiene que ver con la privacidad de las personas y la 19.223 que es la que establece los delitos informáticos, iniciativa que fue promulgada en el gobierno del Presidente Aylwin.
"La legislación vigente no está actualizada, ni en condiciones de sancionar conductas o ilícitos como los que se conocieron. A pesar que existen varias mociones presentadas por el ejecutivo o los parlamentarios que corrigen algunas situaciones parciales, es fundamental sistematizar las propuestas legales, ser capaz de actualizar la legislación y establecer un cuerpo legal que haga valer las responsabilidades civiles y penales en el sector público y privado", afirmó.
De igual manera, el parlamentario indicó que es urgente que el país y la sociedad chilena tengan una ley general de informática que permita regular y sancionar los delitos que violan la privacidad de las personas y el derecho de los consumidores.
"Es fundamental que las comisiones unidas de Economía y Constitución del Senado sean capaces de generar una propuesta que despeje todas estas situaciones a la brevedad en un plazo no menor de 30 días", añadió.
Además, el senador comentó que es de primera importancia reformar el derecho informático en diversas materias como la protección de datos de carácter personal; utilización de datos personales; derechos de los titulares de datos; utilización de datos personales relativos a obligaciones de carácter económico, financiero, bancario y comercial; y el tratamiento de datos por los organismos públicos y privados.
En tanto, refiriéndose a la filtración de datos de seis millones de chilenos, el representante DC sostuvo que es preciso que el Consejo de Defensa del Estado se preocupe que esta situación, y se haga parte de la investigación, porque podría haber un daño al Estado y a particulares.
Finalmente, Pizarro aclaró que es fundamental crear un registro general de protección de datos en el ámbito público y privado, para evitar traspaso de información que podría ocurrir en el retail u otras empresas, situación que genera un manto de duda.

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