Polémica por proyecto de ley del Gobierno que propone terrenos privados en playa fiscales de Arica

Este proyecto de ley ingresado por el presidente Piñera al Senado, propone, de manera extraordinaria, transferir el dominio de terrenos de playa fiscales, que estén situados en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta y Atacama con el propósito de regularizar ocupaciones irregulares en nuestro borde costero.

Para contextualizar y entender cuáles son los alcances de esta ley hay que explicar algunas cosas, nuestro borde costero litoral está dividido en varias franjas, las principales son, la playa o playa de mar, que es la extensión de tierra que las olas bañan y desocupan alternativamente hasta donde llegan en las más altas mareas (art.594 Código Civil).

Esta extensión de terreno es un bien nacional de uso público, cuyo uso pertenece a todos los habitantes de la nación, como las plazas, las calles, los caminos, y como en este caso, la playa, que además en el último tiempo hemos visto una gran lucha de ciudadanos y autoridades por garantizar su libre acceso, con casos emblemáticos como el de los muelles privados en riberas de lagos, o el caso del Gerente de una compañía de gas que expulsó a unas mujeres que disfrutaban de un día de sol en un lugar que según él le pertenecía.

La otra franja, y que es la que precisamente aborda esta ley, es la de los terrenos de playa, que es la Faja de terreno de propiedad del Fisco de hasta 80 metros de ancho, medida desde la línea de la más alta marea de la costa del litoral y desde la ribera en los ríos o lagos.

Esta franja está bajo la supervisión y sujeta al control, fiscalización y supervigilancia del Ministerios de Defensa Nacional, Subsecretaría de Marina, la que puede entregar su uso a través del otorgamiento de concesiones marítimas.

Hasta aquí vamos bien, o sea, si un privado quiere instalar algún negocio, industria o emprendimiento, debe hacer un trámite para que se le otorgue en concesión un terreno en esta franja, en nuestra región tenemos muchas concesiones vigentes. Algunos ejemplos, Corpesca, Aguas del Altiplano, Club de Deportes Náuticos, restaurante Maracuyá, pero también existen una serie de concesiones caducadas, que han perdido vigencia, o no han sido renovadas, y se han convertido en ocupaciones ilegales o irregulares, algunas de ellas, tornandose en obstáculos para la inversión pública en el borde costero, entorpeciendo su desarrollo integral.

Esta ley, les abre la puerta a regularizar su situación, y no solo eso, sino que a transferirles el dominio de estos terrenos. 

Estamos conscientes de que la actual forma en que se tramitan las concesiones y su forma de funcionar es mala, cara y engorrosa, las inversiones realizadas son a beneficio fiscal, pero eso no significa que tengamos que irnos al otro extremo, entregar esta franja, que en muchos casos está dedicada al desarrollo de plazas, paseos, que con un modelo de gestión adecuado podrían aportar al desarrollo turístico de nuestra región sin tener que entregarlas al libre albedrío de proyectos privados. 

La discusión y aprobación del Plan Regulador Comunal por parte del Concejo Municipal otorga a muchas de estas zonas, un uso de suelo compatible con proyectos de infraestructura pública, los que podrían verse afectados si esta ley es aprobada, toda vez que este instrumento de planificación territorial aún no entra en vigencia. Otra cosa que no queda clara leyendo el proyecto es, ¿a qué título se transfiere el dominio de estos terrenos?, ¿a título oneroso o también puede ser a título gratuito?, favoreciendo a grandes inversores en desmedro de la comunidad, recordemos que en la propuesta del plan regulador, amplios sectores de la costa norte con una importancia medioambiental reconocida, como la zona de influencia del gaviotín chico, se entregaba a la logística, galpones y estacionamientos para un futuro puerto en las cercanías del sector. Uno se pregunta, ¿qué intereses económicos existen detrás de esta propuesta?.

Hay que estar atentos a la discusión y alcances de esta ley, es importante en trabajar en mejorar el sistema de concesiones marítimas, hacerlo más ágil, más accesible, para que fomente la inversión, el desarrollo turístico, pero no a costa de el patrimonio del estado, que es de todos, y que además puede meternos en un zapato chino para futuras intervenciones en nuestro borde costero.